7-febrero-2010 Los abogados de los 220 cooperativistas afectados han pedido a la Fiscalía que adopte medidas cautelares, como el mantenimiento del secreto del sumario
LOS DATOS
Asunto. Denuncia de 220 cooperativistas por un presunto delito de estafa en unas promociones de viviendas de VPO en los barrios de Salburua y Zabalgana.
Proceso. El juez ha admitido a trámite la denuncia y los abogados han pedido a la Fiscalía la adopción de medidas cautelares.
Cooperativistas. Los denunciantes son ex socios de las sociedades Bustablado, Arkayate,
Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga, Gesaltza y Arrieta.
El proceso judicial por la presunta estafa inmobiliaria de viviendas de protección oficial de Vitoria prosigue su curso con la admisión a trámite por parte del juez de la denuncia de los afectados. Incluso, los abogados de los demandantes han remitido un escrito a la Fiscalía en el que solicitan la adopción de medidas cautelares, como el mantenimiento del secreto del sumario.
Esta decisión supone, en definitiva, el primer paso serio de un contencioso judicial que se inició a finales del año pasado cuando 220 cooperativistas se unieron para denunciar lo que califican como una estafa, en la que algunas personas podrían perder, según sus propias palabras, hasta más de 40.000 euros.
En concreto, la polémica afecta a quinientos pisos de VPO situados en diversos sectores de los barrios vitorianos de Salburua y Zabalgana, tal y como recogió la revista Dato Económico. Los 220 cooperativistas denuncian a tres personas relacionados con la empresa Gestnorte XXI, encargada de la gestión de las promociones de viviendas, a las que acusan de presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental e irregularidades societarias, además de «coacciones graves». A su juicio, estas tres personas creaban y controlaban las cooperativas, sus gestoras y las firmas de construcción a las que encargaban la edificación de las casas, lo que permitía que «se autocontrataran» con «precios desorbitados». Los denunciantes son ex socios de las cooperativas de viviendas Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga, Gesaltza y Arrieta.
Los afectados, incluso, han pedido la intervención de las instituciones, sobre todo del Gobierno vasco, para buscar una solución a un conflicto que sigue su cauce judicial. Y es que, según relataron a este periódico miembros de Kakiturri, están en peligro los más de 34.000 euros puestos por cada socio, que en el caso de algunas familias llega hasta los 43.000 euros. Esta sociedad impulsa 48 viviendas de VPO en dos parcelas de Salburua, cuyas obras están paradas.
Con cerrajero
Esta semana, un grupo de cooperativistas ha firmado las escrituras de sus casas, situadas en la plaza Porticada de Mariturri, pero tuvieron que recurrir a un cerrajero para poder acceder a las viviendas. La notaría, según explicaron a este periódico, se negó a facilitarles las llaves.
Por su parte, los consejos rectores de las cooperativas Arrieta, Gardiluya y Gesaltza insistieron, en un escrito remitido a este periódico a finales de diciembre, «no tener nada que ver» con las informaciones. Tampoco mantienen ningún contencioso con los implicados en la denuncia, dicen.
