Los cooperativistas exigen justicia y la devolución del dinero que se les "estafó"

28-Noviembre-2010 - Noticias de Alava
Reclaman que se reabra la causa legal que iniciaron contra la empresa Gestnorte XXI. Los portavoces de la gestora recuerdan que han ganado en cinco ocasiones en los procesos tramitados en su contra
Ayer actuaron como uno sólo, aunque tras de sí cada familia padece su propio calvario. Al menos quinientos cooperativistas de vivienda de Vitoria, autodenominados "perjudicados por la gestión de Gestnorte XXI", tomaron la plaza de la Virgen Blanca para reclamar justicia y para exigir que la empresa que gestionaba sus cooperativas les devuelva el dinero que, entienden, les ha estafado. El éxito de convocatoria sirvió para superar la decepción que supuso el archivo en los juzgados de la causa promovida contra Gestnorte XXI y para alimentar la esperanza de que, gracias a dos sentencias en las que el magistrado ataca duramente el proceder de los responsables de la gestora, se retome legalmente la denuncia y que se celebre un juicio. "Pruebas nos sobran", señalaba ayer tajante Víctor, uno de los afectados.
El número total de perjudicados asciende a 300, aunque ayer estuvieron acompañados de familiares y amigos que se dejaron los pulmones pitando en la Virgen Blanca y que no dejaron de exigir a Gestnorte XXI la devolución de las cantidades que, según aseguran, les han "robado". Aquellos pagos a los que aluden fueron muchas veces solicitados en dinero B y, lógicamente, nunca vinieron acompañados de recibos. Por no disponer, muchos de ellos ni siquiera cuentan con la copia de los contratos que firmaron en su día ilusionados, pensando que con su rúbrica daban el primer paso hacia la titularidad de una vivienda pagada a precio razonable.
Superado un periodo de oscuridad en el que los vecinos afirman haber sido escasa e individualizadamente informados, con más dudas que certezas comenzaron a organizarse yle dieron la vuelta a la situación. Algunos han anulado ya los contratos que les vinculaban a la gestora, empresa que según varias sentencias formaba grupo con la constructora y con el estudio de arquitectura, con quienes practicó la autocontratación y, según los afectados, el sobreprecio salvaje. Pero la pelea continúa en los juzgados. "Ahora nos ha denunciado la constructora, que nos exige más de 120.000 euros por un concepto de honorarios, cuando hemos pagado íntegramente el edificio y se suponía que el precio era cerrado. Es una auténtica vergüenza que esta gente se sirva de los tribunales paa estafar a los cooperativistas", explicaba uno de los residentes en las torres de la plaza porticada de Mariturri.
"Las cooperativas eran controladas por el grupo de empresas participadas mayoritariamente por los hermanos Estivariz Iñarritu. Los cooperativistas no tomaban las decisiones. Los contratos que las cooperativas han firmado con gestora, dirección técnica y con constructora eran preparados por los denunciados. Las decisiones de los Consejos Rectores de las cooperativas eran adoptados por los denunciados, sin participación alguna de los cooperativistas", explicaba el comunicado difundido ayer por los manifestantes. Las concentraciones se repetirán hasta que los afectados vean avances en sus exigencias.
Los responsables de Gestnorte XXI, aseguran por su parte que no todos los cooperativistas mantienen "controversias" con la gestora y, como ejemplo, citan a los miembros del sector 9 de la Cooperativa Arrieta. Sostienen, además, que los integrantes de la totalidad de esta cooperativa han tenido acceso a los contratos que les vinculan o vinculaban a Gestnorte XXI. En cuanto al estudio de arquitectura Estbar, afirman que incluso ha llegado a retrasar el cobro de sus honorarios para ayudar a las promociones.
En cuanto a su devenir por el Palacio de Justicia de Vitoria, los portavoces de la firma señalan que no sólo se archivó, el pasado marzo, la denuncia de estafa presentada contra Gestnorte ante el Juzgado de Instrucción número uno, sino que además en el mes de abril se desestimó el recurso de reforma sobre el mismo asunto, que en mayo se ratificó el sobreseimiento y que también se sobreseyeron las diligencias sobre una denuncia por presunta estafa, falsedades, falsificación de documento público, coacciones y vejaciones. Finalmente, recuerdan que en septiembre la magistrada estimó un embargo preventivo de las cuentas de la cooperativa Arkayate a petición suya

http://www.noticiasdealava.com/2010/11/28/sociedad/euskadi/los-cooperativistas-exigen-justicia-y-la-devolucion-del-dinero-que-se-les-estafo

Más de 200 voces contra una supuesta estafa inmobiliaria

28-Noviembre-2010 - El Correo

Vecinos de Zabalgana y Salburua se concentran en la Virgen Blanca para denunciar la gestión de su promotora y pedir la reapertura de su caso en la vía penal
«Pedíamos información sobre nuestros pisos y no nos la daban. Ahí vimos que pasaba algo raro».

La ilusión por poder estrenar una vivienda propia se transformó poco a poco en una pesadilla para alrededor de 220 residentes en Salburua y Zabalgana hasta que hace un año decidieron acabar con una situación que les quitaba el sueño. Estos vecinos demandaron entonces a tres personas relacionadas con la promotora Gestnorte XXI por los presuntos delitos de estafa continuada y falsedad documental, y por cometer diversas irregularidades societarias a través de las cooperativas que gestionaban sus asuntos inmobiliarios. Sin embargo, la demanda no logró acabar con sus noches en vela y ayer se concentraron en la plaza de la Virgen Blanca para denunciar la gestión llevada a cabo por esta entidad y reclamar a la Justicia que «reabra nuestro caso» ahora archivado temporalmente «en la vía penal», explica Miguel Ángel Aguirre, una de las supuestas víctimas de la sociedad Arkayate.
En la manifestación, que unió a más de 200 afectados y familiares, se oyeron también pitidos y voces de los socios de otras cuatro cooperativas -Gardiluya, Bustablado, Kakiturri y Arrieta- que suman «muchas más personas» de las que en un primer momento decidieron acudir a los tribunales. Las asociaciones vecinales de ambos barrios hablan de unos 300 jóvenes «engañados». Todos decidieron apuntarse a alguna de estas sociedades en vista de las dificultades que encontraban para hacerse con una vivienda de protección oficial (VPO) a través de los sorteos habituales, aunque a muchos se les «obligó a desembolsar un dinero» para poder pertenecer a ellas. «Fue una frustración total», comenta Aguirre. Pero los sobresaltos parece que no habían hecho más que comenzar. «Te exigen que pagues la primera semana, luego pides información para ver qué está pasando y no te la dan cuando, en realidad, tú eres quien les has contratado. Entonces ya empiezas a ver que hay algo raro», recuerda este vecino a quien, como a otros, se le impidió «conocer a nuestros compañeros»
Demanda desestimada
Esos detalles «extraños» los detalló también el Juzgado de Primera Instrucción número 5 de Vitoria en una reciente sentencia donde desestimaba las demandas de Gestnorte contra dos de las cooperativas. Retribuciones «astronómicas», «oscurantismo» en sus movimientos o «manipulación» son algunas de las actuaciones que, concluyó el tribunal, rodeaban su trabajo. Incluso advirtió de que la firma contrató «diversos gremios» hasta crear «un entramado de sociedades» que cubría todo el proceso constructivo. «Vas tirando del hilo y ves que todos son los mismos», dice Aguirre. A Iker, residente en Salburua y «afectado por la gestión de Arrieta», le sorprendió que a pesar de entregar diferentes cantidades -más de 50.000 euros en algunos casos- «no se construía nada» y los socios comenzaban «a darse de baja» ante tal panorama.
Los cooperativistas, cansados de que esta situación no acabe, solo desean que «se haga justicia» aunque se sienten «indefensos» ante la última resolución. «Estamos pendientes de que se reabra nuestra denuncia contra Gestnorte por la vía penal, que se encuentra archivado provisionalmente, y de que revisen algunas pruebas», aclaran los vecinos, que recurrieron esta decisión hace un mes aproximadamente. No todos se muestran dispuestos a hablar ya que, aseguran, han sufrido coacciones. De hecho, al principio de su relación «nos hacían firmar documentos bajo la amenaza de que si no signaban su rúbrica perderían su condición de adjudicatarios y las cuantías entregadas», resumen en un escrito conjunto.


http://www.elcorreo.com/alava/v/20101128/alava/voces-contra-supuesta-estafa-20101128.html

Concentración - Teleberri ETB2

27-Noviembre-2010
Teleberri ETB2

Comunicado de prensa

27-Noviembre-2010

Mensaje prens aconcentracion coop27-11-2010

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Carteles concentración - 27-Noviembre-2010

Carteles concentracion castellano

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Concentración por la presunta estafa de VPO as recurren a los tribunales para que se les entreguen sus contratos

20-Noviembre-2010 - El Correo

Los socios de las diferentes cooperativas gestionadas por Gestnorte XXI y víctimas supuestamente de una estafa inmobiliaria de VPO por parte de esta compañía se concentrarán el próximo sábado 27, a partir de las 12.00 horas, en la plaza de la Virgen Blanca. El colectivo, formado por unas 300 personas y cuyo asunto se encuentra en los tribunales, acusa a la empresa de haber abusado de su poder y realizado contratos con diferentes gremios solo para su propio beneficio, entre otras actuaciones.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20101120/alava/concentracion-presunta-estafa-20101120.html

Cooperativistas recurren a los tribunales para que se les entreguen sus contratos

13-Noviembre-2010 

 

 

 

Los particulares han anulado unilateralmente los vínculos que les unían a la gestora y al gabinete Estbar Arquitectura
Cuando las cosas no salen por las buenas, suelen acabar en los tribunales. Una máxima que, en el caso de los cooperativistas de las empresas gestionadas por la firma Gestnorte XXI, suele cumplirse incluso cuando todo parece ir bien. Tras los casos de Bustablado y Arkayate, ahora le toca el turno a la cooperativa Arrieta, cuyo abogado, Federico Saracibar, decidió recurrir a una demanda legal para solicitar a Gestnorte XXI la entrega de una documentación que hasta la fecha nunca han logrado tener entre sus manos pese a, en teoría, contar incluso con sus firmas. Después de requerir sin éxito por la vía amistosa la entrega de los papeles, el letrado de los cooperativistas interpuso ayer una demanda de requerimiento de la documentación.
La historia de los cooperativistas de Arrieta, cuyo edificio de viviendas se halla en pleno proceso de construcción dentro del sector 10 de Salburua, se torció cuando tras diversos tiras y aflojas con la empresa que les llevaba la gestión de sus asuntos, Gestnorte XXI, decidieron rescindir el arrendamiento de servicios que mantenían con la misma. De paso, también acordaron anular la relación contractual que les vinculaba al estudio de arquitectura Estbar Arquitectura S.L., una empresa que según consta en diversos fallos judiciales, se halla bajo el control de los titulares de Gestnorte.
La resolución de los 16 de los 39 cooperativistas que aún resisten en el seno de Arrieta tras las tensiones que han enfrentado a ambas partes, no sentó bien en Gestnorte XXI. Según denuncian los vecinos, los responsables de la gestora les retiraron de sus cuentas 300.000 euros en concepto, supuestamente, de servicios prestados. Y ello a pesar de que ninguna de estas 16 personas han visto nunca ni un solo de los contratos que les unen legalmente.
Hartos de esta situación de "indefensión", los particulares han decidido darle la vuelta a la tortilla y asumir el control de una cooperativa que has a ahora, aseguran, les controlaba a ellos. Les ordenaban los pagos y decidían a quién encargaban los trabajos de arquitectura y construcción sin consultarles ni tenerles en cuenta.
Los contratos que ligaban a Gestnorte XXI y a Estbar Arquitectura con los cooperativistas de Arrieta han sido anulados unilateralmente por parte de estos últimos, pero los problemas no acaban aquí. Pese a que ahora los vecinos son libres de contratar la gestión de sus asuntos y las tareas de arquitectura con quien ellos decidan y no con quien se les impone, no disponen de la documentación que les pertenece.
Tras una negativa inicial de Gestnorte XXI a entregarles los documentos, la semana pasada fueron emplazados por parte de estos a una reunión en la que se les informó de que se les facilitarían los papeles. Al margen del hecho de que los responsables de la gestora no acudieron a la cita, ésta se celebró en sábado, un día en el que no trabajan los notarios y en el que no se podía formalizar el intercambio de papeles.
Ayer se fijó un nuevo conato de entrevista entre las partes que, una vez más, naufragó. Pese a que los notarios sí trabajan los viernes, cuando los cooperativistas se dieron cuenta de que el presidente del consejo rector, única persona competente para recibir los documentos, estaba de vacaciones hasta la semana que viene, algo que según los afectados se sabía en Gestnorte XXI, optaron por recurrir a la vía legal e interponer directamente una demanda de requerimiento de la documentación. Unos contratos que algunos de ellos sospechan que han sido firmados de forma irregular.
Otro frente que se les ha abierto a los integrantes de Arrieta tiene que ver con los trámites para la ampliación de la lista de cooperativistas. Los particulares no quieren que Gestnorte tenga nada que ver con la ampliación de socios ya que desean tener el proceso bajo control para que no surjan los mismos problemas por los que ellos atravesaron la primera vez. Pero la gestora les reclama varios miles de euros por los trámites que presuntamente ha llevado a cabo con este fin.
Los cooperativistas manifestaron que serán ellos quienes garanticen la transparencia de la inclusión de nuevos miembros en Arrieta y animaron a los ciudadanos que quieran tener una vivienda en Salburua a ponerse en contacto con su letrado, Federico Saracibar. Con sus decisiones, los integrantes de Arrieta han roto un control que, afirman, mantenía Gestnorte sobre la cooperativa. El juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria señaló en su día que, en los casos de Arkayate y Bustablado, la gestora concedía los contratos a empresas de su misma órbita con lo que los precios se disparaban y los cooperativistas de Arrieta aseguran que en su caso ocurría lo mismo.

http://www.noticiasdealava.com/2010/11/13/sociedad/euskadi/cooperativistas-recurren-a-los-tribunales-para-que-se-les-entreguen-sus-contratos

Desestiman las demandas de dos cooperativas de Mariturri

7-Noviembre-2010 - El Correo
Retribuciones «astronómicas», «oscurantismo» en sus movimientos y «manipulación». Así define el Juzgado de Primera Instrucción número 5 de Vitoria el trabajo de los miembros de Gestnorte en un fallo que desestima las demandas de esta empresa contra dos cooperativas de Mariturri. La firma había presentado una «reclamación de cantidad» contra cada una de ellas por haber incumplido el contrato «en cuanto a los pagos a realizar», argumentó. Sin embargo, los cooperativistas de Arkayate y Bustablado, constituidas en 2004, negaron los hechos y alegaron que lo que en realidad se había producido era una «autocontratación», según recoge el fallo.

El juez cita cómo se contrataron «diversos gremios» dando lugar a «un entramado de sociedades» que permitiera cubrir todo el proceso constructivo. Esta actuación supone una clara «autocontratación» que no se pretende prohibir por parte del tribunal, sino «evitar el abuso de los administradores» hacia los cooperativistas, aclara. Los gestores de Gestnorte no expresaban «las ofertas» que llegaban de otras empresas ajenas a la suya y, además, en las actas «simuladas» recogían que la opción elegida era la más ventajosa pero sin aportar razones, siempre según el fallo. Es más, ni siquiera se relacionaban «los criterios de adjudicación», añade.

Esta situación es el resultado de un contrato de arrendamiento que se redactó «en exclusivo beneficio» de Gestnorte. Esta conclusión es un capítulo más del enfrentamiento que mantiene con los 220 cooperativistas afectados por la presunta estafa inmobiliaria en Salburua y Zabalgana que denunciaron a tres personas vinculadas con la firma por supuestas irregularidades en la gestión.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101107/alava/desestiman-demandas-cooperativas-mariturri-20101107.html

Una VPO en Salburua por 45 kilos

4-Noviembre-2010 - Diario Noticias de Alava

El sueño de los cooperativistas se tornó en pesadilla. Los precios de sus viviendas no dejaron de crecer y se les reclamaban constantemente nuevos pagos. A muchos, la VPO les salió cara.

Mucho se ha hablado de los cooperativistas de Mariturri afectados por una presunta estafa inmobiliaria, aunque los tentáculos de esta supuesta trama, aún bajo el ojo judicial, se extienden también por diversas promociones de Salburua. "Hay de todo. Promociones poco avanzadas, medio hechas y casi completadas, repartidas por un montón de parcelas", apunta el abogado de los cooperativistas, Javier Martínez de San Vicente. Sus clientes han demandado a los tres máximos responsables de la firma Gestnorte XXI, encargada de los asuntos de las cooperativas. Les acusan de haber concedido los contratos para la construcción de los inmuebles a empresas bajo su control, que a su vez se dedicaron supuestamente a inflar los precios para lucrarse a costa de los afectados. La situación ha llegado a límites tan surrealistas que, tal y como atestigua el letrado, hay Viviendas de Protección Oficial concedidas a las cooperativas, de 70 metros cuadrados de superficie, en el barrio de Salburua, que han acabado costándoles a sus propietarios en torno a 270.000 euros. 45 millones de las extintas pesetas.

Los afectados que han depositado sus esperanzas en Martínez de San Vicente pertenecen o han pertenecido a seis cooperativas dedicadas a la construcción de viviendas en régimen de VPO. Muchos de ellos, como queda reflejado en sus denuncias, fueron instados a entregar distintas cantidades de dinero negro "sin obtener recibo alguno" para poder entrar a formar parte de la cooperativa y que se les adjudicara una vivienda. Firmaron contratos privados cuyas copias nunca les fueron entregadas y desconocían la identidad tanto de sus compañeros cooperativistas como de los responsables de los consejos rectores.

Nunca se celebraron asambleas en estas cooperativas, pero sí que se les solicitaba que, regularmente, firmaran documentos bajo la amenaza de que si no signaban su rúbrica en los mismos perderían su condición de adjudicatarios y, por ende, las cuantías entregadas a cuenta. Una serie de extrañas circunstancias que, tal y como constata el juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco, ocultaban una serie de autocontratos entre empresas situadas en la órbita de los responsables de Gestnorte. "Se hicieron constar conceptos que no se han realizado y, sobre todo, precios, muy superiores a los de mercado, que podemos calificar como abusivos", apunta en sus denuncias el abogado de los vecinos.

Pero, ¿a dónde ha ido a parar el dinero adelantado por estas 300 familias? Pues, tal y como señala la parte demandante en su exposición, los denunciados se han dedicado a realizar con él "importantes inversiones" por medio de otras sociedades.

Por todo ello, los afectados exigen que se les procese por los supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa continuada y delitos societarios. En un mes y medio se sabrá si la juez está de acuerdo.

http://www.noticiasdealava.com/2010/11/04/sociedad/euskadi/una-vpo-en-salburua-por-45-kilos

300 cooperativistas afectados por presunta estafa piden que se retome su denuncia penal

4-Noviembre-2010  

Batalla legal por las promociones en los nuevos barrios.
Dos fallos civiles a su favor les avalan para exigir que se inicie un proceso legal.
En sendas sentencias se da por probado que la gestora demandada obtuvo beneficios mediante autocontratos.

Los más de 300 cooperativistas conjurados legalmente en contra de la gestora Gestnorte XXI, con su abogado Javier Martínez de San Vicente a la cabeza, no están dispuestos a arrojar la toalla. Con el aval que les han brindado las recientes sentencias emitidas por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, José Luiz Núñez Corral, juez decano de Vitoria y magistrado de contrastada reputación, aspiran a darle la vuelta a la situación y a evitar que la responsable del Juzgado de Instrucción número uno archive la causa penal abierta contra los responsables de Gestnorte. Martínez de San Vicente va a adjuntar los fallos de Núñez Corral en los que se da por probado que existió autocontratación y beneficio abusivo por parte de la gestora y ha solicitado que, en base a esta resolución, se retome la causa promovida por los más de 300 cooperativistas afectados por la presunta estafa inmobiliaria.
Hace veinte días, la titular del Juzgado de Instrucción número uno resolvió archivar la denuncia penal presentada por los cooperativistas contra los tres máximos responsables de la empresa Gestnorte. Según la demanda vecinal, estas personas crearon las cooperativas para que fuesen controladas por la citada gestora, que a su vez se encargó de repartir los trabajos relacionados con la construcción de sus viviendas entre empresas de su entorno. Los afectados por la presunta estafa aseguran que, como este grupo de personas se autoadjudicaban los contratos, obtenían beneficios ilegítimos aumentando los precios a su antojo. Unas cantidades que siempre acababan repercutiendo en el bolsillo de los cooperativistas.
Para encauzar esta compleja trama, el letrado de los afectados señala que los denunciados controlaban las cooperativas a través de la gestora y que, además, disponían de un estudio de arquitectura y de una constructora. Explica que, de esta manera, ninguno de los contratos escapaba del círculo y que los cooperativistas, agrupados para, en teoría, abaratar los costes y lograr que sus casas les salieran más baratas, acababan pagando los sobrecostes. Unas subidas de precio que, en el conjunto de las promociones que llevaban y llevan a cabo estas personas, podrían sumar varios millones de euros en beneficios.
Martínez de San Vicente confía en que la magistrada tenga en cuenta todos los hechos que el juez Núñez Corral da por probados en sus fallos y que decida iniciar un proceso legal contra los titulares de la gestora. Asegura el letrado que aunque la resolución de archivar la denuncia se tomó hace veinte días, no se tomó declaración a los denunciados ni a los integrantes del consejo rector de las cooperativas, quienes según las sentencias de Núñez Corral, actuaban bajo las indicaciones de los responsables de Gestnorte y firmaban los papeles que les ponían delante a cambio de "obtener un piso sin acudir al sorteo".
entramado de sociedades Núñez Corral comparte el punto de vista de los vecinos, ya que en dos sentencias fechadas el pasado 27 de octubre y adelantadas por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA considera probado que se tejió un "entramado de sociedades", todas ellas relacionadas con el sector de la construcción, con la finalidad de ejecutar las obras que la cooperativa necesitaba para la ejecución de las viviendas. En sus fallos, de orden civil, sostiene el magistrado que concurrió autocontratación "con evidente perjuicio para la demandada y abusivo beneficio para la actora".
El origen de las dos sentencias emitidas por Núñez Corral fueron dos demandas que los responsables de Gestnorte interpusieron contra los cooperativistas de Arkayate y Bustablado. Aseguraban que no les habían pagado los honorarios pactados y les demandaban por incumplimiento de contrato, por lo que reclamaban el pago de lo adeudado, varias decenas de miles de euros. Lejos de darles la razón, los dos fallos judiciales han supuesto sendos mazazos legales contra los integrantes de Gestnorte y han abierto las puertas a que los vecinos puedan rescatar la causa penal contra ellos.
La contundencia de las aseveraciones de Núñez Corral es de tal calibre que declara "expresamente probado" que se ofrecieron puestos de responsabilidad y "el piso que desease" dentro de las cooperativas a personas que, a cambio, desempeñaban simbólicamente sus funciones y firmaban "lo que le propusieran" sin tan siquiera leerlo. La opacidad de sus actuaciones llegaba a tales extremos que los cooperativistas no tenían ningún conocimiento de la actuación del consejo rector. "Ni siquiera se constituyó una asamblea general para dar cuenta de las presuntas irregularidades que los propios testigos y miembros del consejo rector han reconocido que concurrían", asevera el magistrado.
Aunque el ordenamiento jurídico no impide la autocontratación como tal, la jurisprudencia ha establecido unos límites que, según refleja el magistrado en sus sentencias, "se han sobrepasado holgadamente en la presente litis". La redacción de los contratos de arrendamientos de servicios se realizaron de manera tal que, además de contemplar honorarios "astronómicos" a juicio de Núñez Corral, perseguía un fin "ilícito o inmoral". "Y es que la parte actora -Gestnorte- ha actuado con manifiesto abuso de derecho", remacha el magistrado a través de sus fallos.

http://www.noticiasdealava.com/2010/11/04/sociedad/euskadi/300-cooperativistas-afectados-por-presunta-estafa-piden-que-se-retome-su-denuncia-penal

El juez desestima las demandas contra los cooperativistas del barrio de Mariturri

30-Octubre-2010 - Diario Noticias de Alava

Gestnorte, según el fallo, se autocontrató trabajos en perjuicio de las cooperativas

Las sentencias, a favor de Arkayate y Bustablado, señalan que sus demandantes se aprovecharon económicamente

El culebrón de la presunta estafa de las cooperativas de Mariturri ha cerrado otro de sus episodios parciales. Después de que más de 200 cooperativistas denunciaran a tres personas vinculadas a la empresa Gestnorte XXI, firma encargada de la gestión del proceso de ejecución y entrega de las viviendas, los denunciados presentaron como respuesta diversas demandas contra los miembros de las cooperativas por supuesto incumplimiento de contrato. Reclamaban a cada una de estas agrupaciones cerca de 200.000 euros.
El problema comenzó cuando los afectados adelantaron cerca de 34.000 euros por cabeza para formar parte de las cooperativas Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza. El dinero servía, en parte, para comprar los terrenos y gestionar la construcción de forma conjunta y, por tanto, más barata. Sin embargo, según los cooperativistas Gestnorte acabó controlando las cooperativas y subcontratando los trabajos a precios superiores a lo establecido, a empresas de su propiedad. La reacción de los socios de Gestnorte consistió en denunciar por presunto incumplimiento del contrato firmado en 2004 "en cuanto a los pagos a realizar" en materia de "honorarios estipulados". Los cooperativistas, como han mantenido desde el principio, alegaron "autocontratación" en su defensa.
mazazo legal Las dos sentencias dictadas por el magistrado responsable del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria representan un mazazo legal en contra de los intereses de Gestnorte, que sale malparada de cuantos planteamientos esgrime en el proceso. Además de dar fe de la existencia de una flagrante "autocontratación", declara "expresamente probado" que los responsables de Gestnorte "tejieron" un entramado de sociedades "todas ellas relacionadas con el sector de la construcción y con la finalidad de ejecutar las obras que la cooperativa demandada necesitaba para la construcción y ejecución de las viviendas", así como una serie de extraños movimientos y nombramientos a dedo dentro de las cooperativas a instancias de los socios de Gestnorte. Los designados, según el fallo judicial se limitaban en muchas ocasiones a firmar lo que se les decía y no cumplían más que funciones simbólicas a cambio de obtener un piso.
El juez ha desestimado las demandas de Gestnorte. "Concurre autocontratación en la conducta sustantiva de la actora con evidente perjuicio para la demandada y abusivo beneficio para la actora", detalla el magistrado en sus sentencias.


http://www.noticiasdealava.com/2010/10/30/sociedad/euskadi/el-juez-desestima-las-demandas-contra-los-cooperativistas-del-barrio-de-mariturri

Promotores de Mariturri piden a los cooperativistas indemnizaciones por presuntos "daños morales"

13-Abril-2010 - Diario Noticias de Alava

El abogado de los vecinos explica que se trata de una táctica para "meter miedo"

Los responsables de una empresa y uno de sus empleados han demandado el dinero a través de actos de conciliación

El largo y complejo proceso judicial que envuelve a las promotoras y a los cooperativistas de Mariturri sufrió ayer un pequeño e inesperado giro después de que los responsables de una de las empresas ejecutoras de las polémicas torres tramitara ante los juzgados una reclamación contra más de un centenar de cooperativistas. Les exigen una indemnización de 30.000 euros a cada uno de ellos por presunto "daño moral", maniobra que ha sido valorada por el letrado de los vecinos, Javier Martínez de San Vicente, como "una táctica para intentar meter miedo".

El momento y sobre todo la forma en que ha sido gestionada la demanda, llevan al letrado a concluir que la estrategia de interponer a título personal más de un centenar de actos de conciliación contra sus denunciantes busca "amedrentar y generar desconfianza" para tratar de que algunos de los denunciantes se retiren, si bien aseguró que tiene escasos visos de prosperar frente a un tribunal.
La reclamación llega en un momento en el que las informaciones sobre el proceso legal habían suscitado algún desconcierto entre los cooperativistas, ya que había corrido el rumor de que el juez había archivado la causa contra la promotora. No obstante, Martínez de San Vicente puntualizó que lo que se ha archivado es un acto procesal menor. Una denuncia contra la cooperativa Arkayate con la que se buscaba paralizar un pago.
Los afectados reaccionaron ayer ante la noticia del archivo y explicaron que el grueso de la causa sigue adelante, si bien se halla bajo secreto de sumario. Asimismo, puntualizaron que al margen de las denuncias presentadas por los cooperativistas existen otras contra los promotores ante el Juzgado de Instrucción y agregaron que diversas instituciones están investigando todas las empresas vinculadas a sus titulares.
La querella inmobiliaria cobró forma a finales del año pasado cuando un numeroso grupo de cooperativistas denunció a tres personas vinculadas a la promotora Gestnorte XXI. Les acusaron de presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental, coacciones y de haber cometido diversas irregularidades relacionadas con sus empresas. La polémica afecta a los propietarios de medio millar de viviendas de Salburua y Zabalgana, muchos de ellos residentes en las torres de la plaza porticada de Mariturri.
Los miembros de las cooperativas Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza, y posteriormente también los de Arrieta, suscribieron la querella. En la misma, aseguraban que los denunciados, dos hermanos y uno de sus empleados, controlaron todo el entramado relacionado con cada uno de los pasos que se dieron para ejecutar los inmuebles, de manera que presuntamente se autocontrataron para aumentar los precios en su beneficio y encarecer los pisos a los cooperativistas. Los vecinos han denunciado en numerosas ocasiones que la información durante las obras fue escasa y que se firmaron documentos bajo amenaza de perder el piso y el dinero entregado, parte del mismo en "negro". La querella también habla de irregularidades y documentos manipulados.


http://www.noticiasdealava.com/2010/04/13/sociedad/euskadi/promotores-de-mariturri-piden-a-los-cooperativistas-indemnizaciones-por-presuntos-danos-morales

El Ayuntamiento de Vitoria interviene desde hace un año en la presunta estafa de VPO

1-Febrer-2010 - EL CORREO

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El juez admite a trámite la denuncia por la presunta estafa de pisos de VPO

7-febrero-2010  

Los abogados de los 220 cooperativistas afectados han pedido a la Fiscalía que adopte medidas cautelares, como el mantenimiento del secreto del sumario

LOS DATOS

Asunto. Denuncia de 220 cooperativistas por un presunto delito de estafa en unas promociones de viviendas de VPO en los barrios de Salburua y Zabalgana.

Proceso. El juez ha admitido a trámite la denuncia y los abogados han pedido a la Fiscalía la adopción de medidas cautelares.

Cooperativistas. Los denunciantes son ex socios de las sociedades Bustablado, Arkayate,

Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga, Gesaltza y Arrieta.

El proceso judicial por la presunta estafa inmobiliaria de viviendas de protección oficial de Vitoria prosigue su curso con la admisión a trámite por parte del juez de la denuncia de los afectados. Incluso, los abogados de los demandantes han remitido un escrito a la Fiscalía en el que solicitan la adopción de medidas cautelares, como el mantenimiento del secreto del sumario.

Esta decisión supone, en definitiva, el primer paso serio de un contencioso judicial que se inició a finales del año pasado cuando 220 cooperativistas se unieron para denunciar lo que califican como una estafa, en la que algunas personas podrían perder, según sus propias palabras, hasta más de 40.000 euros.

En concreto, la polémica afecta a quinientos pisos de VPO situados en diversos sectores de los barrios vitorianos de Salburua y Zabalgana, tal y como recogió la revista Dato Económico. Los 220 cooperativistas denuncian a tres personas relacionados con la empresa Gestnorte XXI, encargada de la gestión de las promociones de viviendas, a las que acusan de presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental e irregularidades societarias, además de «coacciones graves». A su juicio, estas tres personas creaban y controlaban las cooperativas, sus gestoras y las firmas de construcción a las que encargaban la edificación de las casas, lo que permitía que «se autocontrataran» con «precios desorbitados». Los denunciantes son ex socios de las cooperativas de viviendas Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga, Gesaltza y Arrieta.

Los afectados, incluso, han pedido la intervención de las instituciones, sobre todo del Gobierno vasco, para buscar una solución a un conflicto que sigue su cauce judicial. Y es que, según relataron a este periódico miembros de Kakiturri, están en peligro los más de 34.000 euros puestos por cada socio, que en el caso de algunas familias llega hasta los 43.000 euros. Esta sociedad impulsa 48 viviendas de VPO en dos parcelas de Salburua, cuyas obras están paradas.

Con cerrajero

Esta semana, un grupo de cooperativistas ha firmado las escrituras de sus casas, situadas en la plaza Porticada de Mariturri, pero tuvieron que recurrir a un cerrajero para poder acceder a las viviendas. La notaría, según explicaron a este periódico, se negó a facilitarles las llaves.

Por su parte, los consejos rectores de las cooperativas Arrieta, Gardiluya y Gesaltza insistieron, en un escrito remitido a este periódico a finales de diciembre, «no tener nada que ver» con las informaciones. Tampoco mantienen ningún contencioso con los implicados en la denuncia, dicen.

Afectados por la presunta estafa de VPO exigen la intervención de las instituciones

2-Enero-2010 - EL CORREO

Cooperativistas lamentan «el caciquismo» de la gestora y aseguran que pueden perder entre 34.000 y 43.000 euros

Afectados por la presunta estafa inmobiliaria de VPO denunciada por miembros de siete cooperativas de Vitoria han solicitado la intervención de las instituciones para buscar una solución a la polémica. Estos ciudadanos aseguran que los poderes públicos, «y en especial el Gobierno vasco», deben tomar cartas en el asunto después de haber sufrido «el caciquismo» de la gestión llevada a cabo por personas relacionadas con la firma Gestnorte XXI.

Este periódico publicó el miércoles que 220 cooperativistas se habían unido para denunciar a tres ciudadanos relacionados con Gestnorte XXI por los presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental y por llevar a cabo diversas irregularidades societarias, así como «coacciones graves». La polémica afecta a los propietarios de 500 pisos situados en diversos sectores de Salburua y Zabalgana, tal y como recogió ese mismo día la revista Dato Económico.

La denuncia global estaba impulsada por integrantes y ex socios de las cooperativas de vivienda Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza, aunque el documento aludía a que los miembros de la sociedad Arrieta también habían sufrido «los mismos problemas».

Según estas familias, los denunciados pertenecían a un «entramado» en el que las mismas personas creaban y controlaban las cooperativas, sus gestoras e incluso las firmas de construcción y arquitectura a las que al final encargaban la edificación de las viviendas y la dirección técnica de las obras. Eso permitía que los demandados «se autocontrataran» con «precios desorbitados».

Sorteados en 2006

Las inusual denuncia ha provocado un intenso debate ciudadano y las reacciones de los afectados no se han hecho esperar. Por ejemplo, miembros de la cooperativa Kakiturri alertaron de que «están en peligro los más de 34.000 euros puestos por socio, 43.000 en el caso de algunas familias». Esta sociedad impulsa 48 pisos de VPO en Salburua divididos en dos parcelas distintas, pero aunque el sorteo del Ayuntamiento se produjo en 2006 las obras de sus viviendas están «paradas». Estas personas aseguran que han existido «contratos sospechosos» y que han sido incapaces de cambiar el consejo rector de la agrupación porque en las votaciones «había pucherazo», lo que les ha llevado a impugnar las asambleas.