Afectados por la presunta estafa de VPO exigen la intervención de las instituciones

2-Enero-2010 - EL CORREO

Cooperativistas lamentan «el caciquismo» de la gestora y aseguran que pueden perder entre 34.000 y 43.000 euros

Afectados por la presunta estafa inmobiliaria de VPO denunciada por miembros de siete cooperativas de Vitoria han solicitado la intervención de las instituciones para buscar una solución a la polémica. Estos ciudadanos aseguran que los poderes públicos, «y en especial el Gobierno vasco», deben tomar cartas en el asunto después de haber sufrido «el caciquismo» de la gestión llevada a cabo por personas relacionadas con la firma Gestnorte XXI.

Este periódico publicó el miércoles que 220 cooperativistas se habían unido para denunciar a tres ciudadanos relacionados con Gestnorte XXI por los presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental y por llevar a cabo diversas irregularidades societarias, así como «coacciones graves». La polémica afecta a los propietarios de 500 pisos situados en diversos sectores de Salburua y Zabalgana, tal y como recogió ese mismo día la revista Dato Económico.

La denuncia global estaba impulsada por integrantes y ex socios de las cooperativas de vivienda Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza, aunque el documento aludía a que los miembros de la sociedad Arrieta también habían sufrido «los mismos problemas».

Según estas familias, los denunciados pertenecían a un «entramado» en el que las mismas personas creaban y controlaban las cooperativas, sus gestoras e incluso las firmas de construcción y arquitectura a las que al final encargaban la edificación de las viviendas y la dirección técnica de las obras. Eso permitía que los demandados «se autocontrataran» con «precios desorbitados».

Sorteados en 2006

Las inusual denuncia ha provocado un intenso debate ciudadano y las reacciones de los afectados no se han hecho esperar. Por ejemplo, miembros de la cooperativa Kakiturri alertaron de que «están en peligro los más de 34.000 euros puestos por socio, 43.000 en el caso de algunas familias». Esta sociedad impulsa 48 pisos de VPO en Salburua divididos en dos parcelas distintas, pero aunque el sorteo del Ayuntamiento se produjo en 2006 las obras de sus viviendas están «paradas». Estas personas aseguran que han existido «contratos sospechosos» y que han sido incapaces de cambiar el consejo rector de la agrupación porque en las votaciones «había pucherazo», lo que les ha llevado a impugnar las asambleas.