4 nov 2010

300 cooperativistas afectados por presunta estafa piden que se retome su denuncia penal

4-Noviembre-2010  


Batalla legal por las promociones en los nuevos barrios.
Dos fallos civiles a su favor les avalan para exigir que se inicie un proceso legal.
En sendas sentencias se da por probado que la gestora demandada obtuvo beneficios mediante autocontratos.
Los más de 300 cooperativistas conjurados legalmente en contra de la gestora Gestnorte XXI, con su abogado Javier Martínez de San Vicente a la cabeza, no están dispuestos a arrojar la toalla. Con el aval que les han brindado las recientes sentencias emitidas por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, José Luiz Núñez Corral, juez decano de Vitoria y magistrado de contrastada reputación, aspiran a darle la vuelta a la situación y a evitar que la responsable del Juzgado de Instrucción número uno archive la causa penal abierta contra los responsables de Gestnorte. Martínez de San Vicente va a adjuntar los fallos de Núñez Corral en los que se da por probado que existió autocontratación y beneficio abusivo por parte de la gestora y ha solicitado que, en base a esta resolución, se retome la causa promovida por los más de 300 cooperativistas afectados por la presunta estafa inmobiliaria.
Hace veinte días, la titular del Juzgado de Instrucción número uno resolvió archivar la denuncia penal presentada por los cooperativistas contra los tres máximos responsables de la empresa Gestnorte. Según la demanda vecinal, estas personas crearon las cooperativas para que fuesen controladas por la citada gestora, que a su vez se encargó de repartir los trabajos relacionados con la construcción de sus viviendas entre empresas de su entorno. Los afectados por la presunta estafa aseguran que, como este grupo de personas se autoadjudicaban los contratos, obtenían beneficios ilegítimos aumentando los precios a su antojo. Unas cantidades que siempre acababan repercutiendo en el bolsillo de los cooperativistas.
Para encauzar esta compleja trama, el letrado de los afectados señala que los denunciados controlaban las cooperativas a través de la gestora y que, además, disponían de un estudio de arquitectura y de una constructora. Explica que, de esta manera, ninguno de los contratos escapaba del círculo y que los cooperativistas, agrupados para, en teoría, abaratar los costes y lograr que sus casas les salieran más baratas, acababan pagando los sobrecostes. Unas subidas de precio que, en el conjunto de las promociones que llevaban y llevan a cabo estas personas, podrían sumar varios millones de euros en beneficios.
Martínez de San Vicente confía en que la magistrada tenga en cuenta todos los hechos que el juez Núñez Corral da por probados en sus fallos y que decida iniciar un proceso legal contra los titulares de la gestora. Asegura el letrado que aunque la resolución de archivar la denuncia se tomó hace veinte días, no se tomó declaración a los denunciados ni a los integrantes del consejo rector de las cooperativas, quienes según las sentencias de Núñez Corral, actuaban bajo las indicaciones de los responsables de Gestnorte y firmaban los papeles que les ponían delante a cambio de "obtener un piso sin acudir al sorteo".
entramado de sociedades Núñez Corral comparte el punto de vista de los vecinos, ya que en dos sentencias fechadas el pasado 27 de octubre y adelantadas por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA considera probado que se tejió un "entramado de sociedades", todas ellas relacionadas con el sector de la construcción, con la finalidad de ejecutar las obras que la cooperativa necesitaba para la ejecución de las viviendas. En sus fallos, de orden civil, sostiene el magistrado que concurrió autocontratación "con evidente perjuicio para la demandada y abusivo beneficio para la actora".
El origen de las dos sentencias emitidas por Núñez Corral fueron dos demandas que los responsables de Gestnorte interpusieron contra los cooperativistas de Arkayate y Bustablado. Aseguraban que no les habían pagado los honorarios pactados y les demandaban por incumplimiento de contrato, por lo que reclamaban el pago de lo adeudado, varias decenas de miles de euros. Lejos de darles la razón, los dos fallos judiciales han supuesto sendos mazazos legales contra los integrantes de Gestnorte y han abierto las puertas a que los vecinos puedan rescatar la causa penal contra ellos.
La contundencia de las aseveraciones de Núñez Corral es de tal calibre que declara "expresamente probado" que se ofrecieron puestos de responsabilidad y "el piso que desease" dentro de las cooperativas a personas que, a cambio, desempeñaban simbólicamente sus funciones y firmaban "lo que le propusieran" sin tan siquiera leerlo. La opacidad de sus actuaciones llegaba a tales extremos que los cooperativistas no tenían ningún conocimiento de la actuación del consejo rector. "Ni siquiera se constituyó una asamblea general para dar cuenta de las presuntas irregularidades que los propios testigos y miembros del consejo rector han reconocido que concurrían", asevera el magistrado.
Aunque el ordenamiento jurídico no impide la autocontratación como tal, la jurisprudencia ha establecido unos límites que, según refleja el magistrado en sus sentencias, "se han sobrepasado holgadamente en la presente litis". La redacción de los contratos de arrendamientos de servicios se realizaron de manera tal que, además de contemplar honorarios "astronómicos" a juicio de Núñez Corral, perseguía un fin "ilícito o inmoral". "Y es que la parte actora -Gestnorte- ha actuado con manifiesto abuso de derecho", remacha el magistrado a través de sus fallos.

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