La Audiencia archiva también la denuncia por estafa al entramado de Gestnorte XXI

19-Noviembre-2011

A los cooperativistas afectados les queda llevar el caso al Tribunal Supremo, una vía difícil y muy larga

Los fundadores de la gestora de viviendas de VPO Gestnorte y de algunas empresas afines han ganado una importante batalla jurídica a los cerca de doscientos cooperativistas que les han llevado a los tribunales. La sección segunda de la Audiencia de Vitoria ha dado la razón a la juez de instrucción número uno, que archivó en dos ocasiones la denuncia contra tres personas relacionadas con Gestnorte por haber cometido unos presuntos delitos de estafa, falsedad documental, irregularidades societarias y coacciones.
Los tres magistrados que han estudiado este caso después de que la Fiscalía de Álava pidiera el pasado mes de octubre su apertura -consideraba que la fase instructora no estaba «agotada» y reclamaba nuevas diligencias- tampoco observan indicios de ninguno de esos cuatro delitos.

«Los contratos suscritos no pueden calificarse de criminalizados y de instrumento para el engaño, porque no fueron un ardid para lograr un desplazamiento patrimonial, pues había voluntad de cumplirlos», indican los jueces en el auto al que ha tenido acceso EL CORREO. 

Los magistrados no ven indicios de dolo penal, aunque no entran a valorar si hubo alguna «ilicitud» por parte de los denunciados por la que se puedan pedir responsabilidades civiles. «No nos compete decidir si hubo ilicitud en la contratación e incumplimiento, si concurre dolo civil, pero sí concluir que no existen indicios de dolo penal. La sanción si procede no corresponde a esta jurisdicción», sentencian en su fallo.
 
«No hubo delito fiscal»
En el auto critican a las acusaciones -tanto a la particular como al fiscal- porque en dos años de tramitación de este caso no citen el precepto penal que sostiene su acusación de que los imputados han cometido delito societario. No obstante, entran a valorarlo y también descartan que se produjera. Asimismo hacen suyo los argumentos de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 para desestimar la imputación de coacciones o amenazas graves y la de un delito fiscal por no poderse demostrar que se hayan realizado pagos en dinero negro.

Llama la atención de los jueces, en este sentido, que con la repercusión que ha tenido este litigio la Hacienda foral no haya realizado una inspección fiscal a los imputados «que haya concluido en sanción», o se haya personado en el proceso «como perjudicada».
 
Por último, aseguran que la imputación de delito de falsedad documental «ha permanecido hasta los últimos escritos en una absoluta inconcreción», en alusión a las acusaciones de que se habían falsificado firmas en algunos scontratos. Eso sí, dejan abierta la posibilidad de que la causa por este presunto delito se reabra pero en el juzgado de Instrucción número 5 que las juzgó también en su día.

Con este auto, los cooperativistas ven cerradas sus posibilidades en la Audiencia de Vitoria, el más alto tribunal de la provincia. Su siguiente paso, según las fuentes consultadas por este periódico, sería el Tribunal Supremo, una vía difícil y que dilataría mucho el caso en el tiempo.