Los cooperativistas afectados por una presunta estafa piden "justicia para las cooperativas"

12-Noviembre-2011

La Fiscalía dió la razón a los demandantes, hace unas semanas, y pidió la reapertura del litigio, archivado en agosto por segunda vez

Los cooperativistas afectados por una presunta estafa de VPO se han concentrado este mediodía en la plaza de la Virgen Blanca para solicitar "justicia para las cooperativas de vivienda" gestionadas por la promotora Gestnorte XXI. 

En dicha concentración se repartieron simbólicamente 300 pinchos de chorizo acompañados de la leyenda: 'pintxos de chorizos Gestnorte XXI' y una breve descripción de la situación que viven los más de 300 cooperativistas afectados por la presunta estafa con el fin de informar a los ciudadanos que se interesen. 

El portavoz jeltzale en el Ayuntamiento de Vitoria, Gorka Urtaran, se ha acercado para conocer de primera mano el problema de estas 300 familias vitorianas afectadas. 

La fiscal pide reabrir el caso 

Hace unas semanas, la Fiscalía dió la razón a los demandantes y pidió la reapertura del litigio, archivado en agosto por segunda vez. Los cooperativistas llevaron a los tribunales a los responsables de la promotora Gestnorte XXI por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, irregularidades societarias y coacciones en la venta de pisos de VPO en Salburua y Zabalgana. 

Según recogía en el recurso de apelación, la fiscal del caso cree que la fase instructora no está «agotada» y reclama que se practiquen nuevas diligencias, petición que el Ministerio Público ya realizó en enero sin éxito. Por ello, pide a la titular de Instrucción número 1 - la que ha cerrado la causa dos veces- que eleve los autos a la Audiencia.

Los denunciantes, dueños de pisos de Salburua y Zabalgana gestionados por Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza, aseguran que los empresarios pertenecían a un «entramado» en el que los mismos individuos creaban y controlaban las cooperativas, sus gestoras e incluso las firmas de construcción y arquitectura que hacían las casas.

Esta situación, agregan, permitía que «se autocontrataran» con «precios desorbitados». Los afectados dicen que se inscribían en una cooperativa y llegaban hasta Gestnorte XXI. Tras entregar una suma de dinero «negro», «sin obtener recibo», se les adjudicaba casa y añaden que se firmaban documentos «bajo amenaza» de perder el piso y el dinero.

Documentos y recibos

En el auto, la juez cree que no se les puede acusar de nada pese a las pruebas aportadas, pero la fiscal disiente de ella cuando ésta cree que no puede imputarse un delito societario a alguien que no es administrador de una cooperativa. «Aunque no tienen por qué ser administradores de derecho sí que de hecho ostentan las funciones propias de ese cargo y pueden, por tanto, incurrir en los delitos societarios que aquí se tratan».

Pide asimismo que el juez tome declaración a los cooperativistas para que acrediten con documentos o recibos que pagaron en "dinero negro". «Aun si no hay soporte documental alguno, su declaración puede ser esencial», sostiene la fiscal. Solicita, por último, que se llame a los miembros de los antiguos consejos rectores de las entidades, para que puedan decir ante un juez si las firmas de ellos que aparecen en actas y contratos son suyas «y se reconocen», o si por el contrario son falsas como sostiene la acusación.

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